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CDMX, 7 de agosto de 2018. La crisis del agua por la que atraviesa la Ciudad de México exige de manera urgente el rediseño del sistema de almacenamiento y distribución del recurso, así como políticas que logren la equidad en el uso mediante la instalación de un esquema de macromedición y redistribución con una visión incluyente y democrática, como establece la Propuesta Ciudadana de Ley General de Aguas.

El doctor Pedro Moctezuma Barragán, investigador del Departamento de Sociología de la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), ha trabajado durante décadas con decenas de organizaciones civiles y pueblos originarios que buscan en una labor constante el manejo adecuado y justo del vital líquido.

En 2014 impulsaron de manera conjunta la Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas en la que se propone una serie de instancias e instrumentos apropiados a escala local, municipal, de cuenca y nacional para cumplir con el derecho humano al agua, cuyo gran paradigma busca asignar a los pueblos facultades para participar en la planeación, el presupuesto, la ejecución, la cobranza y la administración de políticas tarifarias y rendición de cuentas.

A través de consejos locales y estatales se pretende la gestión planificada y localmente consensuada de sus sistemas de agua y de gestión de áreas de importancia hídrico-ambiental, además de la autorización de nuevas tomas y el consentimiento para cualquier obra o actividad que les afecte.     

La estrategia se enmarca en un Plan Rector del Agua para ser consensuado desde los barrios y colonias con miras a la eliminación progresiva de fugas, el aprovechamiento máximo de aguas pluviales y la restauración de áreas de importancia hídrica.

La propuesta es elaborar diferentes dictámenes a fin de controlar el sistema de corrupción que impera entre el gobierno, las inmobiliarias y las industrias manufacturera y extractiva, para lo cual buscarán implementar dictámenes de impacto sociohídrico y certificar que cualquier obra no ponga en riesgo el derecho humano al agua ni permita nuevos proyectos de urbanización en zonas sin acceso continuo al vital líquido.

“Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible” dice el Artículo 4to constitucional. Luego de que en 2011 México reconociera al agua como un derecho humano, se compromete a garantizarlo definiendo las leyes, bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable.   

En el artículo "¿Cómo satisfacer los requerimientos de agua sin incrementar la importación de cuencas externas ni la sobreexplotación de acuíferos?", Moctezuma Barragán, miembro de la Coordinadora Nacional Agua para Todos Agua para la Vida, señala que la cuenca de México requiere dejar de depender de trasvases y dejar de minar sus acuíferos.

La ciudad exporta actualmente 32 metros cúbicos por segundo de aguas residuales, mezcladas con 20 metros cúbicos por segundo de agua de lluvia que son expulsadas mediante la misma red que a su vez la mezcla con líquidos residuales industriales.

El coordinador del Programa Sierra Nevada de la UAM asegura que es preciso habilitar lagos y presas para captar hasta 301.5 millones de metros cúbicos al año de aguas pluviales, así como la conversión de lagunas someras de regulación en San Lorenzo Tezonco, Ciénega Chica y Grande, Miramontes, colector Churubusco y Gran Canal, entre otros reservorios de mayor profundidad.

La forma actual de abastecer a la Ciudad de México del vital líquido consiste básicamente en importar agua de lejos o extraerla de lo más profundo para luego desecharla sin ningún tipo de tratamiento ni política de reutilización, extrayendo una elevada proporción de recursos muy por encima de las capacidades de carga de los ecosistemas.


El artículo completo puede consultarse en el libro La Ciudad como Cultura, publicado por la Casa abierta al tiempo.

© UAM

Urge rediseñar sistema de almacenamiento y distribución de agua en la capital del país

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