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Por María de los Ángeles Mendieta /  Jefe de Proyecto en la Gerencia de Gestión de Cartera de Proyectos de la CONAGUA 
Sector Hídrico


El caudal ecológico se determina con base en la importancia ecológica (áreas naturales protegidas, prioridades de conservación y sitos Ramsar) y la presión de uso de la cuenca (concesiones y asignaciones para usos productivos del agua). Bajo estas premisas, son diversos los beneficios que conllevan las reservas de agua. Entre los más importantes, podemos mencionar la gestión de la demanda y la disminución de riesgos de escasez y conflictos sociales, al no afectar los derechos y concesiones de otros usuarios; obligan a la planeación y administración conjunta de las aguas subterráneas y superficiales; complementan la conservación de los principales ecosistemas del país y sus respectivos servicios ambientales, y constituyen una medida de adaptación al cambio climático.


Establecer una zona de reserva implica un largo proceso en el que participan los diferentes actores sociales representados en los Consejos de Cuenca y en el que se llevan a cabo diversos estudios técnicos (que son publicados en el Diario Oficial de la Federación) para determinar la disponibilidad de recursos hídricos, el grado de presión en la cuenca, la presencia de acuíferos sobreexplotados, si existen vedas o concesiones, volúmenes asignados a distritos de riego o presas, así como la densidad de la población.


Previo a la publicación del decreto de reserva de agua, se elabora la Manifestación de Impacto Ambiental y los proyectos de decretos, que se envían a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria para publicarse en su página.


A la fecha se han emitido 13 decretos de reservas de agua que amparan un volumen de 171 mil 279.8 mm3: 1 mil 366.3 mm3 para abastecimiento público y 169 mil 913.5 mm3 para el medioambiente. Los decretos fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2014, el 23 de septiembre de 2016,
el 23 de marzo de 2018 y el 5 de junio de este mismo año.  Los decretos se fundamentan en la Ley de Aguas Nacionales vigente, que establece que al contar con agua disponible ésta puede otorgarse en concesión o asignación a los estados, municipios o particulares; no obstante, con estos decretos se opta por reservar los volúmenes de agua necesarios para el medioambiente y para el uso público
urbano.


¿Por qué reserva y no veda?

La declaratoria de veda se establece cuando, derivado de una condición de sobreexplotación de aguas superficiales o subterráneas, no se autorizan aprovechamientos de agua adicionales a los existentes, mientras que la reserva de aguas se refiere a la limitación en la extracción, uso o aprovechamiento de agua en cuencas con disponibilidad hídrica.


A 2016 se mantenían vigentes 490 decretos de veda, 146 de aguas subterráneas y 344 para aguas superficiales. En algunos de estos casos, las cuencas sí contaban con disponibilidad de agua, por lo que podía modificarse o suprimirse la veda. En este escenario y de acuerdo con lo estipulado en la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento, puede otorgarse la concesión o asignación, al ciento por ciento, de
los volúmenes disponibles.


En el caso de la reserva de agua, se modifica o levanta la veda y, del ciento por ciento de volúmenes disponibles, se “separa” una parte para uso doméstico y público urbano o para la generación de energía eléctrica para servicio público, o para garantizar los flujos mínimos para la protección ecológica, incluyendo la conservación o restauración de ecosistemas. La cantidad de agua restante se puede concesionar o asignar en términos de la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento. 


De todo ello, se puede inferir que la gestión integral de los recursos hídricos es una prioridad de orden mundial y la reserva de agua es un instrumento normativo clave, que debe continuar impulsándose y fortaleciéndose, a fin de proteger el agua que requieren los ecosistemas, y como medida de adaptación al cambio climático.

ÁNGELES, MENDIETA, OPINIÓ, COLUMNA, AGUA, CONAGUA
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