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Por María de los Ángeles Mendieta / Integrante del Área de Planeación en la Conagua


Agua


En pleno siglo XXI, sigue habiendo regiones donde la mujer no goza de las mismas oportunidades que los hombres para acceder a la educación, a los servicios de salud, a la seguridad social o a la igualdad de oportunidades laborales; aún existen regiones en donde no tienen libertad ni siquiera para elegir una pareja o formar una familia; en donde las mujeres no pueden abrir una cuenta bancaria sin el consentimiento de su esposo y mucho menos participar en la vida política, en las decisiones de su país o de su propia comunidad.


Esta realidad no es exclusiva de economías subdesarrolladas. En todo el mundo (en mayor o menor medida), entre hombres y mujeres hay condiciones de desigualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades, que impiden que la mujer desarrolle y ejerza plenamente sus capacidades, su potencial y, sobre todo, que se respete su dignidad humana.


El contexto no se limita a leyes o exclusiones explícitas. La pobreza, por ejemplo, afecta de manera distinta a hombres y mujeres. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas, 70 % de las personas pobres en el mundo son mujeres. Desde la perspectiva de género, se sugiere que la pobreza puede ser consecuencia de la discriminación hacia la mujer, que es relegada y hasta excluida de la actividad económica y, en consecuencia, disminuyen sus posibilidades de acceso a la propiedad, a la educación, a la salud, y la hace más vulnerable a la desigualdad social y la violencia.


Naciones Unidas también indica que, a escala mundial, las mujeres realizan 66 % del trabajo y producen 50 % de los alimentos; no obstante, ganan 77 centavos por cada dólar que perciben los hombres al realizar un trabajo de igual valor. Por supuesto, tanto la desigualdad de género como la pobreza son fenómenos que se recrudecen con la degradación de los recursos naturales como el agua, elemento que mantiene un estrecho vínculo con la mujer (principal usuaria del recurso), quien tradicionalmente se ha ocupado de las labores domésticas, del cuidado de los niños y de personas mayores, actividades que invariablemente demandan agua. Esta necesidad, en muchos casos, las hace que tengan que recorrer varios kilómetros para obtenerla; sin embargo, y pese a que en muchas partes del orbe pueden emplear más de ocho horas diarias en el acarreo de agua, los usos y costumbres en determinados contextos impiden a la mujer participar o beneficiarse de la gestión de los recursos hídricos.


Por otro lado, el agua es el principal medio por el que se manifiestan los efectos del cambio climático a través de sequías o inundaciones. En el primer caso, las mujeres se ven obligadas a dedicar mayor tiempo y esfuerzo en su recolección; además, durante un desastre natural o emergencia –de acuerdo con información de la ONU– las mujeres y niños tienen 14 veces más probabilidades de morir que los hombres.


Este lazo entre la mujer y el agua por el contacto cotidiano y la desigualdad de género en la esfera hídrica, así como la relación entre degradación ambiental y feminización de la pobreza, permite abordar la gestión de los recursos hídricos desde una perspectiva de género.


En este sentido, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define el empoderamiento de las mujeres como el proceso por el cual transitan de cualquier situación de opresión, desigualdad, discriminación, explotación o exclusión, a un estadio de conciencia, autodeterminación y autonomía, que se manifiesta en el ejercicio del poder democrático que emana del goce pleno de sus derechos y libertades. Para que esto ocurra, empero, es necesario generar iniciativas que involucren la participación activa de las mujeres y que les representen una fuente de empleo e ingresos estables; que implícitamente favorezcan su participación en puestos de mayor relevancia y representación política.


En México, como en otras partes del mundo, los avances para alcanzar la igualdad de género son lentos pero muy importantes. Las mujeres hemos ido logrando mayor y más importante participación en los ámbitos económicos, políticos, sociales, culturales, ambientales. Muestra de ello es que, a nivel institucional, a 30 años de la creación de la Comisión Nacional del Agua, por primera vez una mujer encabeza al organismo. Este hecho cobra mayor relevancia por el papel determinante que desempeñan las mujeres en la gestión de los recursos hídricos, y nos impulsa a continuar sumando esfuerzos para cerrar la brecha de desigualdad y transitar hacia un desarrollo sostenible con equidad y visión progresista donde todos y todas salimos ganando.


Como responsable de la Conagua, la doctora Jiménez sabe que los retos en la dependencia no sólo son responder a las necesidades hídricas del país, sino demostrar que la igualdad de oportunidades se basa en el desempeño de las personas, aunque advierte que las mujeres necesitan un impulso adicional, pues la condición histórico- social actual así lo demanda.

Gestión hídrica y su aporte a la equidad de género

Blanca Jiménez Cisneros, primera mujer en encabezar la conagua


El nombramiento de la doctora Blanca Jiménez Cisneros como Directora General de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) resulta de gran trascendencia, ya que se trata de la primera mujer en desempeñar dicho cargo, en una institución que cuenta con 30 años de existencia.


Su formación como ingeniera Ambiental, con maestría en Control de la Contaminación, derivó más tarde en un doctorado en Tratamiento de Agua Residual y de Reúso. En estos ramos de especialidad ha enfocado su desarrollo profesional, donde ya suma más de 35 años de experiencia y destaca, por ejemplo, el ser la única mujer en haber sido nombrada subdirectora de la Coordinación de Hidráulica y Ambiental del Instituto de Ingeniería, puesto que ocupó de 1997 a 2001. 


Hasta antes de su nombramiento en la Conagua, la doctora Jiménez Cisneros fungió como directora de la División del Agua y como secretaria del Programa Hidrológico Internacional de la UNESCO, además de que ha apoyado en la creación de diversas normas y estándares internacionales.


Desde el inicio de su gestión en la Conagua el 1 de diciembre de 2018, por designación del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, se ha abocado a impulsar tres áreas fundamentales: dar prioridad a que la gente reconozca el valor de la administración del agua; dotar del recurso suficiente a la población para mantener los servicios básicos, y prevenir las emergencias hidrometeorológicas.



















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