Por Ángel Martínez y Christopher García / Editores de Revista Especificar

Investigación


El pasado 5 de junio, el presidente de la República Mexicana, Enrique Peña Nieto, firmó 10 Decretos de Reserva de Agua, levantando la veda sobre 50 por ciento de las aguas nacionales que se consideraban protegidas, bajo el argumento de que hacerlo significaría brindar de posibilidades hídricas a generaciones futuras, como lo reafirmaría el titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Roberto Ramírez de la Parra, semanas después en conferencia de prensa.


No obstante, para académicos, investigadores y activistas sociales, la revocación de veda sobre 295 cuencas de México es sólo un paso más hacia el proceso de privatización que se intenta hacer desde hace tiempo. En una investigación realizada por el semanario Proceso, se establece que estos intentos tendrían su origen en David Korenfeld, quien ocupó el cargo de director General en la Conagua de 2012 a 2015, tiempo en el que redactó una primera Ley General de Aguas, la cual fue rechazada por el Congreso en 2015.


En la nota aparecida el 20 de enero de este año, se asegura que Ignacio Pichardo Lechuga, diputado federal del Partido Revolucionario Institucional y actual presidente de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento (CAPS), se dedicó a modificar esta primera propuesta, dejando en lo sustancial los puntos más controversiales para el manejo del agua; el más importante, quizá, el del concepto de subsidiariedad con el que se le daría participación a la iniciativa privada en distintas áreas. 


En declaraciones hechas al diario El Financiero, Rodrigo Gutiérrez, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, especula que con el cambio de veda a reserva de estas aguas, lo que se concretó fue “abrir las puertas de par en par a las concesiones”, a fin de beneficiar a industrias como la minera y la de generación de energía.


Por su parte, tanto la Conagua como la CAPS, que encabeza el ya mencionado Pichardo Lechuga, sostienen que sólo se pretende el bien común. Por ejemplo, en un comunicado dado a conocer en agosto de 2017 sobre la Ley de Aguas Nacionales, la Comisión asegura que “la Conagua estará obligada, en el proceso de otorgamiento de concesiones, a garantizar el mantenimiento del caudal, y el cumplimiento del derecho humano al agua y al saneamiento, [por lo que] estará en posibilidad de reducir 10 por ciento el volumen originalmente concesionado, para destinarlo al mantenimiento del caudal ecológico”. Además, afirman que en todo momento se garantizará el derecho humano al agua, así, “los tres órdenes de gobierno tendrían obligación de asignar recursos públicos y subsidios a través de programas de política social para atender a grupos vulnerables, pueblos y comunidades indígenas. El resto deberá pagar por el uso del líquido”.


Para el doctor Pedro Moctezuma Barragán, coordinador General del programa Investigación para la Sustentabilidad de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), e integrante de Agua para Todos, tanto el levantamiento de veda como la nueva Ley General de Aguas tiene puntos leoni nos que deben ser vigilados y conocidos por la ciudadanía, en virtud de que se preserven sus derechos. De esta inquietud compartida, surge la pregunta que da pie a la siguiente entrevista: ¿Qué está pasando con nuestra agua?


Especificar (E): ¿Cuál es la razón para cambiar el estatus de estas cuencas?
Pedro Moctezuma Barragán (PMB): Esa es precisamente la pregunta, porque, además, esos instrumentos de veda se tienen que levantar siguiendo una técnica jurídica que no se siguió; el instrumento de veda es diferente al de reserva. Para suprimir la veda se tuvo que haber seguido un procedimiento y para iniciar la reserva, otro.


Por otro lado, hay una larga historia, desde la instauración del Sistema Único de Concesiones. Desde la actual Ley de Aguas Nacionales se ha estado distorsionando
el modo en la que se gestionaba el agua de acuerdo con el Artículo 27º constitucional y también de acuerdo con lo más reciente, que son las modificaciones al Artículo 1º, sobre derechos humanos; el Artículo 2º, sobre la gestión del agua por parte de los pueblos originarios, y el Artículo 4º, que plantea el derecho al acceso equitativo y sustentable con participación ciudadana. Otro de los procedimientos que se esquilmó fue la consulta; en todos los casos de la supresión de la veda afecta a pueblos originarios.


E: ¿Actuó el Poder Ejecutivo conforme a derecho al firmar estos decretos?
PMB: El decreto presidencial es una figura fuerte que, efectivamente, tiene su propia lógica jurídica. Es importante destacar que éste fue un acto de fin de sexenio,
en donde se prolongaba a 50 años la posibilidad de concesionar el agua. Por otro lado, el próximo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ya hizo el compromiso de revertir el decreto en cuanto tome el poder. Estamos hablando de un tema que nos refiere sobre todo a la falta de una legislación acorde con la soberanía nacional y con el derecho humano al agua; y esto es la necesidad de una Ley General de Aguas como está mandatado en el Artículo 4º constitucional, que se ha incumplido desde 2013.


La actual Ley de Aguas Nacionales ha resultado de las recientes presiones norteamericanas para la firma del Tratado de Libre Comercio y dio pie a que el agua pasara de ser un bien común a un objeto de lucro. Lo que necesitamos es cambiar esa lógica y lograr que la nueva Ley de Aguas Nacionales garantice este derecho al agua, de calidad para todos, agua para los ecosistemas, agua para la seguridad alimentaria.

¿Qué está pasando con el agua en el país?

© Carlos Valenzuela / Río Usumacinta 

portada revista Especificar mayo-junio termotecnologías

Buscar en el sitio

logotipo revista Especificar

Edición Digital

Conoce cómo las soluciones HVAC de Danfoss trabajan para dar vida a las mejores experiencias en espacios interiores, tanto nuevos como existentes.

Refriaméricas Tecnoeldificios 2019 corte de listón inaugural
4 herramientas construcción BIM Victaulic artículo drones

especificar en redes

Suscribir