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Investigan a ex directivos del agua por desvío de 1 mil 610 mdp, en Cancún

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Cancún, 23 de febrero, 2017. Los ex directores de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) de Cancún, Quintana Roo, Paula González y Gustavo Guerrero, así como el administrador Manuel Marrufo, son señalados por la Fiscalía General del Estado (FGE) por el presunto desvió de 1 mil 610 millones de pesos.

Las denuncias fueron interpuestas en conjunto con la Secretaría de la Gestión Pública ante la Fiscalía General del Estado desde diciembre pasado; sin embargo, apenas se dieron a conocer los nombres de los inculpados. En tal circunstancia, Paula González deberá responder por el esclarecimiento de 1 mil 55 millones de pesos luego de la extensión de la concesión del suministro de agua potable en Playa del Carmen hasta 2053,a fin de que explique los conceptos bajo los cuáles se hizo la transferencia o se concretó el desvío de recursos.

Por su parte, Gustavo Guerrero es acusado por el desvío o transferencia de 560 millones de pesos a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), mientras que Manuel Marrufo, coordinador administrativo, deberá esclarecer la aprobación de dichas transacciones en ambos mandatos.

El actual director de la Comisión, Francisco Gerardo Mora Vallejo, mencionó que 560 millones de pesos corresponden a la deuda que arrastra el organismo desde la administración del ex gobernador Roberto Borge Angulo, y 1 mil 50 millones se deben a la extensión de la concesión a la empresa Aguakán en la ciudad de Playa del Carmen.

Asimismo, explicó que los 560 millones de pesos se destinarían para cubrir estimaciones de obras pendientes de pago y diversos pasivos contraídos por el concepto de inversión productiva; aunque el monto no fue fiscalizado por la Auditoria Superior del Estado con el argumento de que se ejercería en 2016.

“Fueron tres componentes que necesitamos para las denuncias. Primero, hicimos las observaciones de la entrega-recepción; luego, aplicamos auditorías, y a partir de ese punto se presentaron las denuncias. Los fiscales serán los que decidan si hay los elementos necesarios para que esas personas vayan a la cárcel”, refirió al diario La Jornada.

Añadió que el interés de la CAPA es que se regrese el dinero a la paraestatal para llevar agua potable en cantidad y calidad necesaria y requerida y que la deuda directa adquirida mediante la banca es de 560 millones de pesos, en obra licitada asignada, de la que falta por pagar alrededor de 200 millones.

“Por derechos de extracción debemos a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) 100 millones de pesos, y los pagos a proveedores de servicios, insumos y materiales, alrededor de 50 millones de pesos más”, precisó.



Fuente: La Jornada